Resolución de 25 de noviembre de 2013 por la que el Jefe Provincial de Tráfico de Guadalajara delega determinadas competencias sancionadoras en materia de tráfico y circulación de ve­hícu­los a motor en el director del centro de tratamiento de denuncias automatizadas.

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado señala en su ar­tícu­lo 3 los principios que, de acuerdo con lo dispuesto en el ar­tícu­lo 103 de la Constitución Española, deben regir la actuación de la Administración General del Estado.

En aplicación de dichos principios y, en especial, de los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y de agilidad de las actividades materiales de gestión, resulta conveniente la delegación de competencias, sin perjuicio del permanente conocimiento y del necesario control del ejercicio de las facultades delegadas. Asimismo, en consideración a la especificidad de ciertos asuntos, por razones de coherencia y racionalidad, así como de agilidad en la tramitación de los procedimientos administrativos, es conveniente atribuir el ejercicio de determinadas competencias, en unos casos, a los órganos administrativos con mayor proximidad, por razón de la materia, a las tareas desempeñadas y, en otros casos, a órganos creados al efecto que dispongan de los medios adecuados para una gestión y una más eficaz tramitación de determinados procedimientos singulares dentro de aquellos.

En este último caso se encuentran, precisamente, los procedimientos sancionadores por infracciones a las normas de circulación y seguridad vial detectadas mediante el empleo de medios técnicos de captación y reproducción de imágenes, cuya especificidad se manifiesta en una doble vertiente: por una parte, por las propias características del medio técnico a través del que se tiene conocimiento de los hechos; y, por otra parte, por la singularidad que la tramitación administrativa del procedimiento sancionador tiene.

Esta especificidad, así como la necesidad de agilizar la tramitación de estos procedimientos singulares, aconseja un tratamiento homogéneo de estos en todo el territorio nacional donde ejerce sus competencias la Administración General del Estado y la centralización de toda su gestión. Estas razones, así como el aumento progresivo de la implantación de medios técnicos de captación y reproducción de imágenes a los que se refiere el párrafo anterior, con el consiguiente aumento producido de la tramitación de expedientes sancionadores para el que no está dimensionada la organización periférica de la Jefatura Central de Tráfico, llevaron a la creación, mediante la Orden INT/2035/2007, de 2 de julio, del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.

Este Centro, según establece la referida Orden en sus apartados segundo y cuarto, está dotado de los medios personales y materiales adecuados para ejercer funciones de apoyo telemático y administrativo para la tramitación de los procedimientos instruidos por estas infracciones.

Resulta conveniente, además, aprovechar, en la forma más eficiente posible, los medios de que dispone el Centro, y que no siempre poseen las Jefaturas Provinciales de Tráfico, para la tramitación de los procedimientos sancionadores por incumplir la obligación de someter el ve­hícu­lo a la inspección técnica periódica en el plazo debido, cuando se haya tenido conocimiento de los hechos por la información que conste en los Registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su modificación operada a través de la Ley 4/1999, de 13 de enero, reconoce, con carácter general y de manera expresa en su ar­tícu­lo 13, la delegación de competencias en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, con las únicas excepciones recogidas en los apartados 2 y 5 de dicho ar­tícu­lo.

La disposición adicional octava bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, incorporada por la disposición final primera de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora, establece que los procedimientos administrativos para la imposición de sanciones por infracciones en materia de tráfico, circulación de ve­hícu­los a motor y seguridad vial, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley.

El ar­tícu­lo 71.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en la redacción dada al mismo por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, establece que la competencia para sancionar las infracciones de lo dispuesto en dicha Ley corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya cometido el hecho o, si se trata de infracciones cometidas en el territorio de más de una provincia, al Jefe de Tráfico de la provincia en que la infracción hubiera sido primeramente denunciada.

Y, en su apartado 2, recoge, en base a la previsión del ar­tícu­lo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la facultad de delegación de todas o algunas de dichas competencias, incluyendo una mención expresa, no excluyente, a la delegación en el Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de la competencia para sancionar las infracciones que hayan sido detectadas a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del ve­hícu­lo.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en las normas citadas, previa aprobación de la Directora General de Tráfico, resuelvo,

Ar­tícu­lo 1. Competencias que se delegan.

Se delegan, en el Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, las siguientes competencias:

1. Para sancionar las infracciones a lo dispuesto en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, (en adelante Ley de Seguridad Vial), cuando se haya tenido conocimiento de los hechos a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del ve­hícu­lo y que estén ubicados en instalaciones fijas.

2. Para sancionar las infracciones por exceder los límites de velocidad reglamentariamente establecidos, cuando se haya tenido conocimiento de los hechos a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del ve­hícu­lo que no estén ubicados en instalaciones fijas y no se haya producido la parada e identificación del conductor del ve­hícu­lo.

3. Para sancionar las infracciones por el incumplimiento de la obligación de identificar al conductor del ve­hícu­lo en el momento de ser cometida la infracción, prevista en el ar­tícu­lo 9 bis de la Ley de Seguridad Vial, cuando dicho incumplimiento se haya producido durante la tramitación de un procedimiento sancionador instruido por una infracción de las previstas en los apartados anteriores.

4. Para sancionar las infracciones por el incumplimiento por parte del titular del ve­hícu­lo, o del arrendatario a largo plazo, en su caso, de la obligación de someter el ve­hícu­lo a la inspección técnica periódica en el plazo debido, cuando se haya tenido conocimiento de los hechos por la información que conste en los Registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

Ar­tícu­lo 2. Competencias exceptuadas de la delegación.

De la delegación otorgada en el ar­tícu­lo anterior se exceptúan las competencias mencionadas en los apartados 2 y 5 del ar­tícu­lo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ar­tícu­lo 3. Delegación de competencias.

1. La delegación de las competencias a que se refiere la presente resolución no supone la transferencia de la titularidad de la competencia, sino solamente de su ejercicio.

2. La delegación comprenderá también la de la instrucción de los procedimientos a que se refiere el ar­tícu­lo 1 de esta resolución en las unidades encargadas de las tareas materiales y técnicas de tramitación administrativa del Centro.

Ar­tícu­lo 4. Resoluciones que se dicten de acuerdo con esta delegación.

Siempre que se haga uso de la delegación otorgada en la presente resolución se indicará expresamente esta circunstancia y las resoluciones que se adopten se considerarán dictadas por este Jefe Provincial de Tráfico.

Ar­tícu­lo 5. Avocación.

La delegación de competencias de la presente resolución no será obstáculo para que el Jefe Provincial de Tráfico pueda avocar para sí el conocimiento de un asunto, de acuerdo con lo establecido en el ar­tícu­lo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ar­tícu­lo 6. Fecha de efectos de la delegación.

La delegación de competencias en el Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas prevista en la presente resolución se referirá a aquellas infracciones que hayan sido detectadas a partir del día 16 de diciembre de 2013.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

En la fecha indicada en el ar­tícu­lo 6 queda derogada la Resolución de 15 de septiembre de 2011 por la que el Jefe Provincial de Tráfico de Guadalajara delega determinadas competencias sancionadoras en materia de tráfico y circulación de ve­hícu­los a motor en el Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara núm. 118, de 3 de octubre de 2011.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

Guadalajara a veinticinco de noviembre de 2013.- El Jefe Provincial de Tráfico de Guadalajara, Francisco de las Alas-Pumariño Linde.