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De acuerdo con lo dispuesto en los ar­tícu­los 58 y 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27/11/92), modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero, y Ley 24/2001, de 27 de diciembre, respectivamente, y ar­tícu­lo 195 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986 (BOE de 22/12/86), por medio del presente vengo a notificar:

«A la vista del expediente que se está tramitando en este Ayuntamiento, en el que se pone de manifiesto el estado de abandono del ve­hícu­lo marca Opel, modelo Zafira, matrícula 7324-CNZ, que ha permanecido estacionado en c/ Río Duero de esta localidad por plazo superior a un mes, y del que según las averiguaciones realizadas consta como titular María Gema Alderete Meco con DNI 50976555-E, se le requiere para que, en el plazo de un mes, proceda a retirar el citado ve­hícu­lo con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su tratamiento como residuo doméstico y traslado al Centro Autorizado de Tratamiento de Ve­hícu­los para su posterior destrucción y descontaminación, de conformidad con lo dispuesto en el ar­tícu­lo 86 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, de conformidad con el ar­tícu­lo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndose que se trata de un acto de trámite y como tal no procede la interposición de recursos contra el mismo. No obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad con el ar­tícu­lo 107.1 de la Ley 30/1992, se podrá interponer el recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los ar­tícu­los 62 y 63 de la Ley 30/1992. El plazo para interponer recurso potestativo de reposición será de un mes; el plazo máximo para dictar y notificar la Resolución será de un mes, desde su interposición (ar­tícu­lo 117 de la Ley 30/1992).»

Torrejón del Rey a 18 de mayo de 2015.– El Alcalde, Mario San Martín García.