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Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de la circulación en el casco urbano de Mantiel, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar­tícu­lo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LA CIRCULACIÓN EN EL CASCO URBANO

Ar­tícu­lo 1. Objeto y fundamento legal.

La presente ordenanza tiene por objeto la ordenación, control y regulación del tráfico en las vías urbanas de este municipio, en ejercicio de la potestad que se reconoce a los municipios en el ar­tícu­lo 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el ar­tícu­lo 7 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Las normas de esta ordenanza complementan lo dispuesto en el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y en el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.

Ar­tícu­lo 2. Ámbito de aplicación.

Las disposiciones de la presente ordenanza serán de aplicación en todas las vías urbanas del municipio de Mantiel, entendiendo como tales toda vía pública de titularidad municipal situada dentro de poblado, excepto las travesías.

Ar­tícu­lo 3. Los peatones.

Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando esta no exista o no sea practicable; en tal caso, podrán hacerlo por el arcén, o en su defecto, por la calzada.

Aun cuando exista zona peatonal, siempre que adopte las debidas precauciones, todo peatón, podrá circular por el arcén o si este no existe o no es transitable, por la calzada, en los casos en que transporten algún objeto voluminoso o empujen o arrastren un ve­hícu­lo de reducidas dimensiones que no sea de motor; cuando se traten de peatones dirigidos por una persona o que formen cortejo; y los impedidos que transiten en silla de ruedas con o sin motor.

Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su marcha, y cuando circule por la acera o paseo izquierdo, debe ceder siempre el paso a los que lleven su mano y no debe detenerse de forma que impida el paso por la acera a los demás, a no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un ve­hícu­lo.

Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la calzada, salvo que se trate de zonas, vías o partes de estas que les estén especialmente destinadas, y solo podrán circular a paso de persona por las aceras o por las calles residenciales debidamente señalizadas, sin que en ningún caso se permita que sean arrastrados por otros ve­hícu­los.

Ar­tícu­lo 4. Circulación de animales.

1. Los animales deberán ir siempre acompañados de una persona mayor de dieciocho años capaz de dominarlos en todo momento, la cual deberá respetar las normas generales establecidas para los conductores de ve­hícu­los.

Ar­tícu­lo 5. Señalización.

A. Corresponde al Ayuntamiento la señalización de las vías urbanas, debiendo responsabilizarse del mantenimiento de las señales en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación.

B. Las señales de reglamentación colocadas al lado o en la vertical de la señal de entrada a poblado se aplica a todo el poblado, excepto si dentro de este hubiera señales distintas para tramos concretos de la red viaria municipal.

C. No se podrá instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar las señales colocadas en la vía urbana sin previa autorización del Ayuntamiento. Además, se prohíbe modificar su contenido o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención.

D. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la Autoridad competente otro sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía bien con carácter general, bien para determinados ve­hícu­los o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto.

Para evitar el entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer restricciones o limitaciones a determinados ve­hícu­los y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados.

El cierre a la circulación de una vía objeto de la Legislación sobre tráfico, circulación de ve­hícu­los a motor y seguridad vial, solo se realizará con carácter excepcional y deberá ser expresamente autorizado por la Autoridad local responsable de la regulación del tráfico.

E. Las señales y órdenes de los Agentes de circulación prevalecerán sobre las demás señales.

Ar­tícu­lo 6. Obstáculos en la vía pública.

1. Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo que pueda dificultar el paso normal de ve­hícu­los o peatones, salvo que sea expresamente autorizado por el Ayuntamiento cuando concurran circunstancias especiales. En dicha autorización se establecerán las condiciones que deberán respetarse. El coste de la señalización y colocación de elementos de seguridad serán a costa del interesado.

2. Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, deberán hacerlo desaparecer lo antes posible y adoptarán las medidas para que pueda ser advertido por los usuarios de la vía, dando cuenta inmediatamente a las Autoridades.

Ar­tícu­lo 7. Carga y descarga.

1. El Ayuntamiento establecerá zonas destinadas a la carga y descarga, bien a iniciativa propia o a petición de los particulares, con el pago de la tasa correspondiente. Esta zona reservada se indicará expresamente con las señales correspondientes y con la limitación horaria correspondiente.

2. Queda prohibido depositar la mercancía en la calzada, en el arcén y zonas peatonales. Se efectuarán, en lo posible, por el lado del ve­hícu­lo más próximo al borde de la calzada, empleando los medios suficientes para que se realice con celeridad y procurando evitar ruidos y molestias innecesarias.

Ar­tícu­lo 8. Límites de velocidad.

a) La velocidad máxima que se establece para el casco urbano es de 20 km/hora.

Ar­tícu­lo 9. Régimen de ciclomotores y motocicletas.

1. Los ciclomotores y motocicletas deberán circular sin emitir ruidos excesivos, debiendo llevar el preceptivo dispositivo silenciador de las explosiones y evitar los acelerones.

2. Dentro del casco urbano no podrán circular paralelamente, ni entre dos ve­hícu­los de categoría superior.

3. Están obligados, tanto el conductor como el acompañante, a utilizar el casco protector debidamente homologado para circular por todo el casco urbano.

4. En lo que se refiere al estacionamiento, se hará en las zonas debidamente adecuadas para este tipo de ve­hícu­los.

5. Los conductores de los ciclomotores y motocicletas quedan obligados o someterse a las pruebas que se establezcan para la detención de las posibles intoxicaciones por alcohol.

Ar­tícu­lo 11. Régimen de ciclos o bicicletas.

1. Los ciclos o bicicletas que, por construcción, no puedan ser ocupados por más de una persona, podrán transportar, no obstante, cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta siete años en asiento adicional, que habrá de ser homologado.

2. No se podrá circular con estos ve­hícu­los por la acera.

3. Las bicicletas estarán dotadas de los elementos reflectantes que, debidamente homologados, se determinan en el Reglamento General de Ve­hícu­los, siendo necesario para circular de noche que lleven conectada iluminación, tanto delantera como trasera, así como una prenda reflectante que permita a los conductores y demás usuarios distinguirlos a una distancia de, al menos, 150 m.

4. Los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocupados por más de una persona podrán transportar, no obstante, cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta siete años en asiento adicional que habrá de ser homologado.

5. Los conductores de los ciclos o bicicletas quedan obligados o someterse a las pruebas que se establezcan para la detención de las posibles intoxicaciones por alcohol.

Ar­tícu­lo 12. Régimen de ve­hícu­los en servi­cio de urgencia.

1. Tendrán prioridad de paso sobre los demás ve­hícu­los y otros usuarios de la vía los ve­hícu­los de servi­cio de urgencia públicos o privados, cuando se hallen en servi­cio de tal carácter.

2. Podrán circular por encima de los límites de velocidad establecidos en esta ordenanza y estarán exentos de cumplir otras normas o señales, en los casos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen.

Ar­tícu­lo 13. Ve­hícu­los abandonados.

1. Se presumirá racionalmente el abandono de un ve­hícu­lo en los siguientes casos:

a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el ve­hícu­lo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones.

b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matrícula.

c) Cuando recogido un ve­hícu­lo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto privado, su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses.

2. En el caso de la letra a), y en aquellos ve­hícu­los que, aun teniendo signos de abandono, mantengan la placa de matriculación o dispongan de cualquier signo o marca visible que permita la identificación de su titular, se requerirá a este, una vez transcurridos los correspondientes plazos, para que en el plazo de quince días retire el ve­hícu­lo del depósito, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.

3. La Autoridad municipal se encargará de retirarlos al lugar designado para ello. Los gastos de traslado y permanencia serán determinados en la Ordenanza fiscal correspondiente y serán a cargo del titular, siendo necesario su abono para retirarlo.

Ar­tícu­lo 14. Parada y estacionamiento.

A. PARADA.

1. Se considera parada la inmovilización del ve­hícu­lo por un tiempo que no exceda de dos minutos, en la cual el conductor no podrá abandonar el ve­hícu­lo. Si excepcionalmente lo hiciera, deberá estar lo suficientemente cerca como para retirarlo en caso de que las circunstancias lo exijan.

2. La parada se efectuará lo más cerca de la acera derecha si son vías de doble sentido; si son de sentido único, se podrá efectuar también en el lado izquierdo.

En las calles sin acera, la parada deberá hacerse dejando un mínimo de 50 cm desde la fachada más próxima, cuidando que no existan peatones en este momento a los que se les obligue, como consecuencia de la parada, a desviar su trayectoria o pararse.

3. Queda prohibido parar:

a) Donde las señales lo prohíban.

b) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.

B. ESTACIONAMIENTO.

1. Los ve­hícu­los podrán estacionar en fila, es decir, paralelamente a la acera, en batería, perpendicularmente a la acera o semibatería, es decir, oblicuamente; todo ello conforme indiquen las señales de tráfico, tanto verticales como horizontales.

2. La norma general es que el estacionamiento de haga en fila o cordón. La excepción a ello se señalizará expresamente.

3. Todo conductor que pare o estacione su ve­hícu­lo deberá hacerlo de forma que permita la mejor utilización del restante espacio disponible.

4. Queda prohibido estacionar:

a) En los lugares que se indique mediante señales tal prohibición, tanto vertical como horizontal.

b) En todos los casos en que está prohibida la parada.

c) En doble fila, tanto si en la primera fila hay un coche como si hay un contenedor o algún elemento de protección.

f) En las vías que, por su anchura, no permitan el paso de más de un ve­hícu­lo.

g) En las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.

h) En los lugares que eventualmente se indiquen para la realización de obras, mudanzas o actos públicos, siempre que así se indique con una antelación de, al menos, veinticuatro horas.

i) En los lugares que tengan rebajado el bordillo para permitir el tránsito de personas con discapacidad.

l) En todo lugar no indicado anteriormente que constituya un riesgo para peatones, animales o ve­hícu­los.

Ar­tícu­lo 19. Otras normas.

1. Cualquier conductor que con su ve­hícu­lo produzca ruidos o humos excesivos podrá ser requerido por la Autoridad local para que repare los desperfectos, pudiendo la Autoridad, formulando la correspondiente denuncia, inmovilizar el ve­hícu­lo si dicha reparación no se produce.

2. Se prohíbe circular con el motor excesivamente revolucionado, dando acelerones o ruidos excesivos, especialmente en horario nocturno.

3. Se prohíbe utilizar las señales acústicas en el casco urbano, salvo peligro evidente o urgente necesidad.

4. El alumbrado entre el ocaso y la salida del sol, y en condiciones de visibilidad adversas, será el de corto alcance o cruce; en ningún caso se podrá utilizar alumbrado de carretera en el casco urbano. Se procederá a la inmovilización de los ve­hícu­los que no posean el alumbrado correspondiente y que supongan un peligro para los demás usuarios de la vía. Las motocicletas que circulen por la vía urbana están obligadas a utilizar, durante todo el día, el alumbrado de corto alcance o cruce.

Ar­tícu­lo 20. Procedimiento sancionador.

1. No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en esta ordenanza, sino en virtud de procedimiento instruido con arreglo a los ar­tícu­los 70 y siguientes del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los instrumentos, aparatos o medios y sistemas que sean utilizados para la formulación de denuncias por infracciones a la normativa de tráfico, estarán sometidos a control metrológico en los términos establecidos por la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología y su normativa de desarrollo.

2. La sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá al Alcalde, el cual podrá delegar esta facultad de acuerdo con la legislación local aplicable.

Ar­tícu­lo 21. Infracciones.

1. Las acciones u omisiones contrarias a esta ordenanza, desarrolladas tendrán el carácter de infracciones administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y medida que en ella se determinen.

Cuando las acciones u omisiones puedan constituir delitos o faltas tipificadas en las leyes penales, se estará a lo dispuesto en el ar­tícu­lo 72 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Las infracciones a que hace referencia el apartado anterior se clasifican en leves, graves y muy graves.

2. Son infracciones leves las cometidas contra las normas contenidas en esta ordenanza que no se califiquen expresamente como graves o muy graves en los apartados siguientes. En particular es falta leve no hacer uso por parte de los usuarios de bicicletas de los elementos y prendas reflectantes.

3. Son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas tipificadas en esta ordenanza referidas a:

a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos, de acuerdo con lo recogido en el Anexo IV del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

b) Circular en un tramo a una velocidad media superior a los límites establecidos reglamentariamente, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV.

c) Incumplir las disposiciones de esta ley en materia de prioridad de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.

d) Parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones.

e) Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario, salvo que el ve­hícu­lo sea una bicicleta, en cuyo caso, la infracción tendrá el carácter de leve.

f) Conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuyan la obligatoria atención permanente a la conducción.

g) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicación, así como utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros.

h) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección.

i) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, o con menores en los asientos delanteros o traseros, cuando no esté permitido.

j) No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación.

k) No respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso.

l) Conducir un ve­hícu­lo siendo titular de una autorización que carece de validez por no haber cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en España.

ll) La conducción negligente.

m) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, o que obstaculicen la libre circulación.

n) No mantener la distancia de seguridad con el ve­hícu­lo que le precede.

ñ) Circular con un ve­hícu­lo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente establecidas, salvo que pudieran estimarse incluidas en el apartado 4.ll) siguiente, así como las infracciones relativas a las normas que regulan la inspección técnica de ve­hícu­los.

o) Incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula del ve­hícu­lo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.

p) No facilitar al Agente de la autoridad su identidad ni los datos del ve­hícu­lo solicitados por los afectados en un accidente de circulación, estando implicado en el mismo.

q) Conducir ve­hícu­los con la carga mal acondicionada o con peligro de caída.

r) Conducir un ve­hícu­lo teniendo suspendida la autorización administrativa para conducir o prohibida su utilización por el conductor.

s) Circular con un ve­hícu­lo cuyo permiso de circulación está suspendido.

t) La ocupación excesiva del ve­hícu­lo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.

u) Incumplir la obligación de impedir que el ve­hícu­lo sea conducido por quien nunca hubiere obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente.

v) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de conductores autorizados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, salvo que pudieran estimarse incluidas en el ar­tícu­lo 65.6.e) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

w) Circular por autopistas o autovías con ve­hícu­los que lo tienen prohibido.

x) No instalar los dispositivos de alerta al conductor en los garajes o aparcamientos en los términos legal y reglamentariamente previstos.

y) Circular en posición paralela con ve­hícu­los que lo tienen prohibido.

z) Realizar obras en la vía, sin comunicarlas con anterioridad a su inicio, a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico, así como no seguir las instrucciones de dicha autoridad referentes a las obras.

4. Son infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las siguientes conductas:

a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos, de acuerdo con lo recogido en el Anexo IV del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

b) Circular en un tramo a una velocidad media superior a los límites establecidos reglamentariamente, de acuerdo con lo recogido en el Anexo IV del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

c) Conducir por las vías objeto de esta ley con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, o con presencia en el organismo de drogas.

d) Incumplir la obligación de todos los conductores de ve­hícu­los, y de los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de tráfico o hayan cometido una infracción, de someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo.

e) La conducción temeraria.

f) La circulación en sentido contrario al establecido.

g) Participar en competiciones y carreras de ve­hícu­los no autorizadas.

h) Conducir ve­hícu­los que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.

i) El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la minoración en más del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre.

j) El incumplimiento, por el titular o el arrendatario del ve­hícu­lo con el que se haya cometido la infracción, de la obligación de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, cuando sean debidamente requeridos para ello en el plazo establecido. En el supuesto de las empresas de alquiler de ve­hícu­los sin conductor, la obligación de identificar, se ajustará a las previsiones al respecto del ar­tícu­lo 9 bis.

k) Conducir un ve­hícu­lo careciendo de la autorización administrativa correspondiente.

l) Circular con un ve­hícu­lo que carezca de la autorización administrativa correspondiente, con una autorización que no sea válida por no cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente, o incumpliendo las condiciones de la autorización administrativa que habilita su circulación.

ll) Circular con un ve­hícu­lo que incumpla las condiciones técnicas que afecten gravemente a la seguridad vial.

m) Participar o colaborar en la colocación o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento del uso del tacógrafo o del limitador de velocidad.

n) Circular con un ve­hícu­lo cuya carga ha caído a la vía, por su mal acondicionamiento, creando grave peligro para el resto de los usuarios.

Asimismo, son infracciones muy graves:

a) Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la retirada, ocultación, alteración o deterioro de la señalización permanente u ocasional.

b) No instalar la señalización de obras o hacerlo incumpliendo la normativa vigente, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

c) Incumplir las normas, reglamentariamente establecidas, que regulan las actividades industriales que afectan de manera directa a la seguridad vial.

d) Instalar inhibidores de radares o cinemómetros en los ve­hícu­los o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. No constituirán infracción los sistemas de aviso que informan de la posición de los sistemas de vigilancia del tráfico.

e) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de conductores autorizados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, que afecten a la cualificación de los profesores o facultativos, al estado de los ve­hícu­los utilizados en la enseñanza, a elementos esenciales que incidan directamente en la seguridad vial, o que supongan un impedimento a las labores de control o inspección.

f) Causar daños a la infraestructura de la vía, o alteraciones a la circulación debidos a la masa o a las dimensiones del ve­hícu­lo, cuando se carezca de la correspondiente autorización administrativa o se hayan incumplido las condiciones de la misma, con independencia de la obligación de la reparación del daño causado.

5. Las infracciones derivadas del incumplimiento de la obligación de asegurar los ve­hícu­los a motor se regularán y sancionarán con arreglo a su legislación específica.

Las estaciones de ITV requerirán la acreditación del seguro obligatorio en cada inspección ordinaria o extraordinaria del ve­hícu­lo. El resultado de la inspección no podrá ser favorable en tanto no se verifique este requisito.

6. Las infracciones en materia de publicidad, de conformidad a lo previsto en el ar­tícu­lo 52 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se sancionarán en la cuantía y a través del procedimiento establecido en la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Ar­tícu­lo 22. Sanciones.

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves con multa de 200 euros; y las muy graves con multa de 500 euros. No obstante, las infracciones consistentes en no respetar los límites de velocidad se sancionarán en la cuantía prevista en el Anexo IV del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición de sanciones deberá tenerse en cuenta las sanciones previstas en el ar­tícu­lo 67.2 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

3. En el supuesto de infracciones que impliquen detracción de puntos, el Agente denunciante tomará nota de los datos del permiso de conducción y los remitirá al órgano sancionador competente que, cuando la sanción sea firme, los comunicará juntamente con la sanción y la detracción de puntos correspondiente al Registro de Conductores e Infractores.

4. Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el Agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe, el conductor deberá trasladar el ve­hícu­lo e inmovilizarlo en el lugar indicado por el Agente denunciante. El depósito podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito, o en metálico en euros y, en todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto en el ar­tícu­lo 80 respecto a la posibilidad de reducción del 50 por ciento de la multa inicialmente fijada.

5. En cuanto a la graduación de las sanciones deberán seguirse los criterios establecidos en el ar­tícu­lo 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Ar­tícu­lo 23. Prescripción de infracciones y sanciones.

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ordenanza será de tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves.

El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido.

2. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos. También se interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los ar­tícu­los 76, 77 y 78 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado.

3. Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para dictar resolución.

Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el cómputo del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión.

4. El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro años y, el de las demás sanciones, será de un año, computados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción.

El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las sanciones consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Ar­tícu­lo 24. Sujetos responsables.

1. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ordenanza recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante:

a) El conductor de una motocicleta, de un ciclomotor, de un ve­hícu­lo de tres o cuatro ruedas no carrozados o de cualquier otro ve­hícu­lo para el que se exija el uso de casco por conductor y pasajero será responsable por la no utilización del casco de protección por el pasajero, así como por transportar pasajeros que no cuenten con la edad mínima exigida.

Asimismo, el conductor del ve­hícu­lo será responsable por la no utilización de los sistemas de retención infantil, con la excepción prevista en el ar­tícu­lo 11.4 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, cuando se trate de conductores profesionales.

b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a estos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores.

La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria derivada de la multa impuesta.

c) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del ve­hícu­lo y este tuviese designado un conductor habitual, la responsabilidad por la infracción recaerá en este, salvo en el supuesto de que acreditase que era otro el conductor o la sustracción del ve­hícu­lo.

d) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del ve­hícu­lo y este no tuviese designado un conductor habitual, será responsable el conductor identificado por el titular o el arrendatario a largo plazo, de acuerdo con las obligaciones impuestas en el ar­tícu­lo 9 bis del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

e) En las empresas de arrendamiento de ve­hícu­los a corto plazo será responsable el arrendatario del ve­hícu­lo. En caso de que este manifestara no ser el conductor, o fuese persona jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el titular establece el ar­tícu­lo 9 bis. La misma responsabilidad alcanzará a los titulares de los talleres mecánicos o establecimientos de compraventa de ve­hícu­los por las infracciones cometidas con los ve­hícu­los mientras se encuentren allí depositados.

f) El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el Registro de Ve­hícu­los, será, en todo caso, responsable de las infracciones relativas a la documentación del ve­hícu­lo, a los reconocimientos periódicos y a su estado de conservación, cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del ve­hícu­lo.

g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de Ve­hícu­los, será responsable de las infracciones por estacionamiento o de impago de los peajes de las vías que lo tengan regulado, salvo en los supuestos en que el ve­hícu­lo tuviese designado un conductor habitual o se indique un conductor responsable del hecho.

2. Lo dispuesto en el presente ar­tícu­lo se entenderá a los únicos efectos de la determinación de la responsabilidad en el ámbito administrativo por las infracciones tipificadas en la presente ordenanza.

Disposición transitoria.

En lo no contenido en esta ordenanza, el Ayuntamiento estará a lo establecido en el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo; en el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Disposición final única.

La presente ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el ar­tícu­lo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Sometido a votación, el texto resulta aprobado por unanimidad de los asistentes que suponen la mayoría absoluta del número legal.

El texto aprobado se expondrá a información pública mediante publicación en el BOP de Guadalajara y anuncio en el tablón de anuncios municipal, entendiéndose que, de no existir alegaciones, resulta definitivamente aprobado.

Contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con sede en Albacete, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el ar­tícu­lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Mantiel a 15 de diciembre de 2015.– El Alcalde, Julián Rebollo Larriut.