AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE HENARES
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Por Acuerdo de Pleno de fecha 03/11/2026, se acordó la delegación de competencias del Pleno en el Alcalde-Presidente, por razones de eficiencia y agilidad administrativa haciendo conveniente que el Pleno delegue en el Alcalde-Presidente las competencias que le corresponden como órgano de contratación para la tramitación y adjudicación del contrato de servicios de colaboración en la gestión tributaria y recaudatoria de los recursos económicos del Ayuntamiento de Yunquera de Henares, en los siguientes términos:
“Exp: 1692/2026
Asunto: Delegación de competencias como órgano de contratación del Pleno en el Alcalde
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA
A la vista del expediente tramitado con el objeto de licitar el contrato de servicios denominado “CONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE HENARES”, se considera por esta Alcaldía proceder a la aprobación de los pliegos y del expediente de contratación, con el objeto de licitar el presente contrato con la mayor prontitud posible.
Asimismo, por razones de eficiencia y agilidad administrativa, esta Alcaldía considera conveniente que el Pleno delegue en el Alcalde-Presidente las competencias que le corresponden como órgano de contratación para la tramitación y adjudicación del referido contrato.
Por todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Yunquera de Henares la adopción del correspondiente acuerdo, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas.
ANTECEDENTES
1º.- Consta Providencia de Alcaldía-Presidencia de fecha de 28 de Octubre de 2026 por la que solicita informe jurídico a esta Secretaría.
2º.- Consta informe de la Secretaría de fecha 28 de Octubre de 2026.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERO. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las siguientes:
— El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
— Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.
— La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.
— La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
— La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
— La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización.
— La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas.
— El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás Administraciones públicas.
— La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.
— La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
— Las que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial.
— La votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general.
SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
— Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
— Ley 9/2017, de 18 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
— Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre.
TERCERO. Los entes son aquellas figuras a las que se le reconoce capacidad jurídica, entendida ésta como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, siendo así que las Entidades Locales forman parte de ellos.
Los entes, necesitan de unos órganos, compuestos por personas físicas, que actúen en su nombre y representación. Y al requerir dichos órganos de una ordenación racional, de una organización, surge la idea de la organización administrativa.
Coherente con ello es el Artículo 5 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que define a los órganos administrativos: “Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo”.
Así, la organización administrativa, como composición de órganos que la integran, necesita de unas reglas de organización, ergo de unos principios jurídicos por los que regirse, como son los de competencia, jerarquía, coordinación, desconcentración (principios estos casi todos contemplados en el Art. 103 de la CE de 1978 y en el artículo 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público).
CUARTO. De estos principios esenciales, hay que destacar el principio de competencia, el cual se define como el conjunto de funciones cuya titularidad se atribuye por el ordenamiento jurídico a un ente o un órgano administrativo con preferencia a los demás.
Precisamente este hecho, su preferencia respecto del resto es una conquista del Estado Constitucional, del Estado de Derecho, y es definitoria de su carácter básico; pues es una garantía de loa administrados, en tanto en cuanto la hace irrenunciable e inderogable. Quiere decir esto que las funciones que corresponden a un ente u órgano deben ser realizadas precisamente por él, no pudiendo cederlas a otro órgano ni otro ente.
Sin embargo, este principio tiene sus excepciones, cuando de un modo expreso la Ley lo permite, en los supuestos de delegación y avocación de competencias.
De estas tesis doctrinales es deudora la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando en su título Preliminar, Capitulo II, Sección 2ª regula la competencia. Así el artículo 8 dispone que:
“1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes.
La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación d firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrá ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.
3. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos”.
QUINTO. El régimen jurídico general de las delegaciones competenciales entre órganos administrativos se encuentra regulado en los artículos 9 y10 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que es de plena aplicación a las delegaciones entre órganos de los entes locales, y sobre el que más incide la regulación del régimen local contenida en la Ley Reguladora de las Bases del régimen Local y en el Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
SEXTO. Partiendo de que conforme al Artículo 8.1 citado en la anterior consideración jurídica, la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes. El segundo párrafo del mismo dispone que la delegación no supondría alteración alguna de la titularidad de la competencia, solo de los “elementos determinantes de su ejercicio”.
En efecto, con la delegación de atribuciones no se definen competencias, sino que permaneciendo invariable la titularidad de esta en el órgano delegante, se transfiere su ejercicio solamente, por ello carece de contenido normativo, y considerándose una delegación de atribuciones como acto.
De esta forma, como regla general, el artículo 9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que “Los órganos de las diferentes administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan legalmente atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aún cuando no sean jerárquicamente dependientes…”.
SÉPTIMO. El artículo 22.4 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local determina la posibilidad de que el Pleno del Ayuntamiento pueda delegar el ejercicio de sus competencias en el Alcalde o en la Junta de Gobierno Local 8 cuando este constituida), con la excepción de una serie de ellas que se consideran indelegables y que son las siguientes:
- El control y la Fiscalización de los Órganos de Gobierno.
-Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción, modificación de su bandera, enseña o escudo.
- La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.
- La aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas.
- La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con los dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
-La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización.
- La aceptación de la delegación de competencias hechas por otras Administraciones Públicas.
-El Planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás Administraciones Públicas.
-La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.
- El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria.
- La declaración de lesividad de los Actos del Ayuntamiento.
- La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
- Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación mayoría especial.
- Conocer de la moción de censura al Alcalde y la cuestión de confianza planteada por el mismo.
OCTAVO. En materia de contratación, el artículo 61 de la Ley de Contratos del Sector Público dispone que la representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los Órganos de contratación unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre, resultando que en el ámbito local se regula por la Disposición Adicional Segunda de la citada norma que establece que:
“1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a 4 años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
2. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su valor o duración no correspondan al alcalde o Presidente de la Entidad Local, conforme al apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley.”
Además, el artículo 60.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público dispone que los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en este materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la delegación o desconcentración de competencias, razón por la cual es de aplicación la legislación de régimen local ya señalada.
NOVENO. El artículo 117 de la Ley de contratos del Sector Público determina que la aprobación del expediente de contratación supone la autorización y aprobación del gasto, salvo en el supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido previamente, o que las normas de desconcentración o en el acto de delegación hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la aprobación del órgano competente: razón por la cual si se pretende delegar las competencias como órgano de contratación del Pleno en el Alcalde habrá de delegarse la competencia, no solo para aprobar el gasto, sino también para comprometerlo.
En este sentido, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en su artículo 185 que corresponden al Pleno de la entidad local dentro del importe de los créditos autorizados en el presupuesto la autorización y disposición de los gastos de acuerdo con la atribución de competencias que establezca la normativa vigente, añadiendo en su apartado tercero que las facultades a que se refieren los apartados anteriores podrán desconcentrase o delegarse en los términos previstos por el Artículo 23 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, que deberán recogerse para cada ejercicio, en las bases de ejecución del Presupuesto.
DÉCIMO. El artículo 51 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que:
“ 1. El Pleno del ayuntamiento puede delegar cualquiera de sus atribuciones, en todo o en parte, en el Alcalde y en la Comisión de Gobierno, con excepción de las enumeradas en el Artículo 23.2, b( segundo inciso, de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
2. El acuerdo plenario por el que se produzca la delegación, que se adoptará por mayoría simple, surtirá efectos desde el día siguiente al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el boletín Oficial de la Provincia. Estas reglas también serán de aplicación a las modificaciones posteriores de dicho acuerdo.
3. El acuerdo de delegación contendrá el ámbito de los asuntos a que la misma se refiera y las facultades concretas que se delegan, así como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas en la medida en que se concreten o aparten del régimen general previsto en este Reglamento.
4. Las delegaciones del Pleno en materia de gestión financiera podrán asimismo conferirse a través de las bases de ejecución del Presupuesto”.
Por todo lo expuesto se le eleva la siguiente;
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO. - Delegar en el Alcalde-Presidente las competencias que corresponden al Pleno como órgano de contratación en relación con la preparación, licitación, adjudicación y ejecución del «CONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE HENARES».SEGUNDO. - La citada delegación, y respecto a este contrato, incluye todas las competencias que corresponden al Pleno como órgano de contratación, facultándole para adoptar cuantas decisiones sean precisas en relación el mismo y conocer de cuantos incidentes se produzcan.
TERCERO. - Delegar en relación con dicho contrato las competencias para aprobar y compromete el gasto derivado de dicho contrato, así como de los incidentes que puedan producirse, en los términos expuestos en la consideración octava.
CUARTO. - Notificar personalmente a la Alcaldía-Presidencia el presente acuerdo, que considerándose aceptada tácitamente si en el plazo de tres días hábiles, desde la notificación de este no se hace manifestación expresa rechazando la misma.
QUINTO. - Publicar el presente Acuerdo en el Tablón de Anuncios, en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento y en la sede electrónica, para dar cumplimiento a las exigencias de publicidad activa en materia institucional y organizativa recogidas en el artículo 6 de la Ley 19/2013, de 10 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente.
En Yunquera de Henares, fecha y firma al margen.
(Documento Firmado Electrónicamente)
El Alcalde-Presidente”
Lo que le tramito, a los efectos oportunos, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En Yunquera de Henares, a 4 de noviembre de 2026. Documento firmado por el Alcalde, Lucas Castillo Rodriguez