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No habiéndose podido practicar la notificación, en el último domicilio conocido, a José María Jiménez García, de la Resolución de Alcaldía sobre tratamiento residual de ve­hícu­los abandonados, se procede, de conformidad con el ar­tícu­lo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la notificación mediante anuncios en el tablón de edictos de su último domicilio y en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara:

A la vista del expediente que se está tramitando en este Ayuntamiento, en el que se pone de manifiesto el estado de abandono del ve­hícu­lo marca Peugeot, modelo 205 Junior D, color blanco, matrícula SA-7872-N, que ha permanecido estacionado en camino de Casasola s/n (al borde del camino), de esta localidad, por plazo superior a un mes, y del que, según las averiguaciones realizadas, consta usted como titular, se le requiere para que, en el plazo de quince días, proceda a retirar el citado ve­hícu­lo, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su tratamiento como residuo doméstico y traslado al Centro Autorizado de Tratamiento de Ve­hícu­los para su posterior destrucción y descontaminación, de conformidad con lo dispuesto en el ar­tícu­lo 86 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve­hícu­los a Motor y Seguridad Vial.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, pudiendo presentar las alegaciones y documentos que considere oportunos en el plazo de quince días, desde que reciba la presente, de conformidad con el ar­tícu­lo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndose de que se trata de un acto de trámite y, como tal, no procede la interposición de recursos contra el mismo.

No obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad con el ar­tícu­lo 107.1 de la Ley 30/1992, se podrá interponer el recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad, previstos en los ar­tícu­los 62 y 63 de la Ley 30/1992. El plazo para interponer recurso potestativo de reposición será de un mes; el plazo máximo para dictar y notificar la Resolución será de un mes, desde su interposición (ar­tícu­lo 117 de la Ley 30/1992).

En Chiloeches a 23 de octubre de 2014.– El Alcalde, César Urrea Miedes.